Sin doble discurso

Hablar de contratación pública se vuelve moda cada cierto tiempo. Casi siempre después de que algo sale mal: cuando ya se comprometieron millones, el servicio no funciona, aparecen contradicciones, nadie sabe quién decidió qué o descubrimos que una empresa que nunca debió estar allí terminó manejando fondos públicos.

Entonces llegan los expertos, las investigaciones y las propuestas de reforma. El problema es que para ese momento ya es tarde y se pretende resolver todo añadiendo controles burocráticos.

Lo vimos con esquemas que terminaron en corrupción, como el de Oscar Santamaría; con compañías sin experiencia o que, aun teniéndola, producen resultados desastrosos; y lo vemos nuevamente alrededor de una contratación relacionada con uno de los servicios más esenciales: la energía eléctrica.

En las últimas semanas hemos escuchado explicaciones y opiniones de quienes se presentan como expertos en contratación gubernamental. Pero quienes trabajamos diariamente dentro de este sistema, estudiando y haciendo reglamentos, escuchamos algunas de esas explicaciones y nos quedamos sin palabras.

Actuaciones que, de haber ocurrido dentro de un proceso administrado por ASG, habrían provocado investigaciones, referidos y vistas públicas, parecen recibir otro tratamiento cuando un privado maneja los mismos fondos públicos estatales o federales. Si desde ASG hubiésemos reconocido una cuarta parte de algunas de las cosas que se han dicho públicamente sobre este proceso, probablemente ya tendríamos varias agencias fiscalizadoras pidiendo expedientes y explicaciones.

No puede exigirse transparencia selectivamente. Mientras más complejo, costoso y crítico sea un contrato, mayor debe ser la obligación de explicar cómo se llegó a él.

Durante años se ha utilizado la palabra burocracia para desacreditar controles, competencia, revisiones y documentación. Se dice que atrasan proyectos y que el sector privado ejecuta con mayor rapidez.

Pues observemos lo que pasó.

Aquí participaron entidades y asesores externos precisamente para aportar experiencia y agilidad. Aun así, hemos visto dilaciones, controversias, versiones encontradas e interrogantes sobre una contratación multimillonaria. Se tardó igual o más que procesos internos del Gobierno, con una diferencia importante: quienes lo ejecutaron no tienen el mismo deber fiduciario que tenemos los funcionarios públicos.

Por eso resulta interesante escuchar ahora a la Junta de Supervisión Fiscal reclamar legislación permanente para fortalecer la contratación pública. Bienvenida sea la discusión, pero tiene que ser consistente.

No se puede reclamar más legislación, controles y transparencia mientras se tolera que entidades gubernamentales procuren salir de la jurisdicción de ASG sin justificación sustantiva, operando bajo estructuras distintas y con menos controles uniformes. Si el problema es sistémico, la solución también tiene que serlo.

No puede existir un régimen para unos y otro para quienes consigan una excepción. Tampoco transparencia para las compras ordinarias y opacidad cuando aumenta la cuantía o importancia del contrato. La transparencia no puede comenzar después del escándalo.

Cuando la contratación pública fracasa, quien paga es el ciudadano: servicios deficientes, proyectos inconclusos, millones desperdiciados y, como vemos ahora, hasta la capacidad de recibir algo tan básico como electricidad.

Y cuidado con los autoproclamados expertos. La contratación gubernamental no se aprende mirando desde afuera ni leyendo un reglamento cuando surge una controversia. Es una disciplina que obliga a estudiar constantemente y donde cada decisión tiene consecuencias jurídicas, fiscales y operacionales.

Después del escándalo, todo el mundo sabe cómo debió hacerse. Lo ocurrido deja en evidencia la necesidad de abandonar el doble discurso. Porque quien lo hace en lo poco también lo hace en lo mucho.