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ASG refuerza controles en compras del gobierno | Noticias ASG
ASG refuerza controles en compras del gobierno
Establecen reglamento que cuenta con aval de la Junta de Control Fiscal. Imagen: Karla Mercado Rivera, junto a Arnaldo Cruz, recordó que no existen subcategorías de fondos públicos. Suministrada

La Administración de Servicios Generales (ASG) estableció nuevas reglas para adquisiciones dentro del gobierno que incluye mayores controles en cambios de órdenes de compra que ocurren en cerca de un 60% de las obras de construcción.

De acuerdo con la administradora de ASG, Karla Mercado Rivera, el nuevo reglamento -que contó con el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF) limita todo cambio que represente más del 25% del costo de la obra.

“Ahora, cuando la orden de cambio sobrepase en 25%, tiene que venir con una declaración del jefe de agencia dando el aval a lo que se está haciendo, porque nos encontrábamos en el camino que muchas veces solicitaban cambios y no necesariamente el secretario y director estaba al tanto de lo que estaban solicitando”, indicó la también principal oficial de compras del gobierno.

El reglamento también introduce mecanismos de cumplimiento y fiscalización más estrictos, incluyendo la creación de una Oficina de Investigaciones Especiales con autoridad para monitorear procesos de compras, investigar incumplimientos y requerir planes de acción correctiva a las agencias, incluyendo las 14 entidades exentas de llevar a cabo procesos de compra, contratación y subastas bajo la ASG.

“Cada tres meses, las entidades gubernamentales exentas tendrán que someter un informe de lo que se está haciendo. El reglamento establece un marco claro de qué es lo que la oficina va a estar evaluando y atiende dentro de los procesos de licitación”, abundó Mercado Rivera a preguntas de EL VOCERO.

"Ahora, cuando la orden de cambio sobrepase en 25%, tiene que venir con una declaración del jefe de agencia dando el aval a lo que se está haciendo, porque nos encontrábamos en el camino que muchas veces solicitaban cambios y no necesariamente el secretario y director estaba al tanto de lo que estaban solicitando."

Karla Mercado
Administradora de ASG

Por su parte, el subdirector ejecutivo de la JCF, Arnaldo Cruz, mencionó que muchos de los cambios de compra y/o enmiendas a contratos gubernamentales son producto de mala planificación.

“Una de las cosas que hace el reglamento es que entra mucho más en los temas de planificación, de licitación y de compra y eso va a ser importante para tratar de minimizar todos estos cambios, que puede haber razones particulares por las que ocurran, pero en nuestra experiencia, mucho se debe a la mala planificación”, sostuvo el funcionario del ente de supervisión.

"Este reglamento establece unos parámetros, ya que había un ‘loophole’ que estaban utilizando muchas agencias y era que contratos o licitaciones que eran realmente de tecnología lo estaban pasando por servicios profesionales. Ahora hay un lenguaje nuevo que se trabajó con la administradora para establecer bien claro que es un servicio profesional y que no."

Arnaldo Cruz
Subdirector de la JCF

La administradora de ASG resaltó que tanto la mala planificación como la mala administración pública representa un serio daño al pueblo de Puerto Rico equivalente al costo de la corrupción por lo que el nuevo reglamento clarificó definiciones como se debe considerar como servicios profesionales.

“Este reglamento establece unos parámetros, ya que había un ‘loophole’ que estaban utilizando muchas agencias y era que contratos o licitaciones que eran realmente de tecnología lo estaban pasando por servicios profesionales. Ahora hay un lenguaje nuevo que se trabajó con la administradora para establecer bien claro qué es un servicio profesional y que no”, destacó Cruz.

Mientras que Mercado Rivera indicó que las nuevas reglas incluyen una “lista no taxativa de cuáles son ejemplos de cosas que no deben ser catalogadas como servicios profesionales, al tiempo que establece que en caso de que un funcionario tenga alguna duda al respecto, debe someter una consulta para evitar la anulación del trámite.

“El sector privado debe recordar que una contratación nula conlleva que el proveedor no reciba el dinero por el bien o servicio que está brindando. Todo esto tiene que regirse por los parámetros establecidos. De no ser así, lamentablemente no se va a cobrar”, advirtió la administradora.

Se necesitan más cambios

Por otro lado, el subdirector ejecutivo de la JCF señaló que todavía el gobierno debe realizar mayores ajustes a los procesos de contratación y subastas para lograr procesos más eficaces y transparentes.

“En el tema de servicios profesionales, el andamiaje jurídico ahora es insuficiente. Hay una orden ejecutiva que no tiene el mismo peso de un reglamento, ya que puede ser derogada fácilmente sin pasar por la Legislatura. Nuestra opinión es que el tema de servicios profesionales debe cumplir con los mismos parámetros que cumplen los bienes y servicios”, planteó Cruz, quien describió la situación como el “Wild West” (viejo oeste) debido a que el ente de supervisión ha identificado numerosas ocasiones en las que el propio gobierno otorga exenciones al mandato ejecutivo local.

“A nosotros siempre nos ha preocupado que el gobierno esté tan fragmentado de reglas y procedimientos. Hay algunas cosas que aplican a una agencia y a otras no”, continuó el subdirector ejecutivo quien afirmó que la postura de la JCF es que “no debe haber entidad exenta y se debe centralizar todo dentro de la ASG”.

En ese sentido, Mercado Rivera recordó que no existen subcategorías de fondos públicos.

“Lo que se compra y se adquiere es lo mismo, por lo tanto, si nosotros como servidores públicos que estamos en esa cadena de contratación gubernamental tenemos unos niveles de rendimiento y de cumplimiento, estos se deben aplicar a todas las demás entidades exentas”, insistió.

La junta fiscal también propuso cambios de reglamentos y controles en el área de arrendamiento y compraventa de bienes raíces a nivel gubernamental.

Con relación a las recomendaciones, la jefa de ASG dijo que fue algo que discutió con la junta fiscal y que cualquier modificación requerirá acción de la Asamblea Ejecutiva y el Ejecutivo.

“Si se establece como política pública, ASG lo va a implementar ya que conduciría a competencia abierta y mayor transparencia, lo que es vital para decirle a la gente en qué estamos gastando su dinero y cómo lo estamos gastando”, sostuvo.